
La senadora nacional y presidenta del PJ Catamarca, Lucía Corpacci, respaldó públicamente la candidatura del intendente Gustavo Saadi para la Gobernación en 2027. También se pronunciaron a favor el concejal Francisco Sosa y otros dirigentes del oficialismo.

La senadora nacional, presidenta del PJ Catamarca y exvicegobernadora, Lucía Corpacci, se sumó al “operativo clamor” que impulsa la candidatura del actual intendente de la Capital, Gustavo Saadi, para competir por la Gobernación en las elecciones de 2027. En declaraciones periodísticas, afirmó que “le gustaría” que Saadi sea candidato y sostuvo que “le haría muy bien a la Provincia”.
Durante su gestión como gobernadora, Corpacci eligió a Saadi como asesor general y luego como ministro de Gobierno tras las elecciones legislativas de 2013. En ese período, Saadi encabezó la Comisión Consultiva para la reforma constitucional de 2014.
En la misma línea se expresó el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Francisco Sosa, quien aseguró que Saadi “va a ser lo que los compañeros le pidan que sea” y destacó su representatividad dentro del peronismo. Sosa también respaldó una eventual candidatura del ministro de Vivienda, Fidel Sáenz, para la Intendencia de la Capital.
Más apoyos dentro del oficialismo
Las declaraciones se suman a las del senador y exintendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, quien consideró que Saadi “sería el mejor candidato del peronismo catamarqueño” y que reúne las condiciones para garantizar la continuidad del proyecto político de Corpacci y del gobernador Raúl Jalil. Ferreyra destacó su trayectoria como diputado provincial, secretario de Gobierno, ministro de Gobierno, diputado nacional e intendente.
Ferreyra aclaró que aún no existe una definición formal en el PJ, pero afirmó que hay “amplio consenso” en torno a Saadi. “Considero que esta es la etapa de Gustavo Saadi”, sostuvo.
El gobernador Raúl Jalil también ha señalado en reiteradas oportunidades que no buscará un tercer mandato y que Saadi “está preparado para gobernar”. “Dos períodos son suficientes”, afirmó.
El diputado provincial Juan Carlos Ledesma, presidente del bloque del Frente de Todos, también respaldó al intendente al asegurar que “está altamente preparado para conducir la Provincia”.
Por el momento, Saadi evita entrar en el debate y sostiene que “no es tiempo de discutir candidaturas”, sino de enfocarse en la gestión.
“Hay que explicarle a la gente”
En el homenaje a Octavio Gutiérrez realizado en Aconquija, Corpacci pidió a la dirigencia “hablar cara a cara con la gente” y explicar el impacto de las políticas nacionales. Advirtió sobre la pérdida de derechos y mencionó despidos en organismos nacionales. “Vos creés que no te toca, pero sí te va a tocar”, afirmó.
Del acto participaron el vicegobernador Rubén Dusso, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y dirigentes del oficialismo.
El Gobierno reglamentó el cobro por la atención sanitaria a extranjeros sin residencia permanente. La medida, publicada en el Boletín Oficial, exceptúa solo las emergencias con riesgo de vida y se inscribe en el plan oficial de avanzar hacia la privatización del sistema de salud.

El presidente Javier Milei puso fin este martes a la universalidad de la salud pública y dispuso el cobro por la atención a los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. La medida quedó establecida en la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial.
La normativa implementa el “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional”. En su Artículo 1, determina que será aplicable “a todos los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país”.
La resolución formaliza lo dispuesto por el Decreto 366/2025, que modificó la Ley de Migraciones, y se suma a iniciativas similares adoptadas por algunas provincias.
Emergencias exceptuadas
El procedimiento establece que quedan exceptuadas del cobro todas las prestaciones destinadas a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de condiciones clínicas con riesgo cierto e inminente para la vida, un órgano o una función vital. Entre ellas:
Paro cardiorrespiratorio, insuficiencia respiratoria aguda grave.
Obstrucción de vía aérea, shock en cualquiera de sus formas.
Síndrome coronario agudo, infarto, ACV.
Estado epiléptico, convulsiones persistentes.
Traumatismos graves, politraumatismos, TCE severo.
Hemorragias masivas, quemaduras extensas.
Sepsis, intoxicaciones, abdomen agudo quirúrgico.
Emergencias obstétricas y neonatales.
Cualquier otra condición que implique riesgo vital según criterio médico.
La resolución aclara que en casos de emergencia “no podrá negarse ni restringirse la atención sanitaria a ningún extranjero, cualquiera sea su situación migratoria”.
Para acreditar residencia permanente, los extranjeros deberán presentar DNI o constancia digital emitida por Migraciones.
El plan de privatización
Durante la campaña, Milei sostuvo reiteradamente que su objetivo es avanzar hacia la privatización de la salud y la educación públicas. Según su visión, ambos servicios deberían ser prestados exclusivamente por el sector privado, mientras que el Estado solo otorgaría “vouchers” para quienes no puedan afrontar los costos.
Especialistas advierten que este esquema genera competencia por captar esos vouchers, con prestaciones a la baja para reducir costos, profundizando la desigualdad entre sectores de mayores ingresos y los más vulnerables.
La Justicia de Nueva Zelanda condenó a Tairawhiti Pharmaceuticals por destruir cerca de 30 hectáreas de humedales protegidos en Gisborne al plantar 200.000 árboles y cavar canales de drenaje. La empresa deberá pagar una multa y retirar todas las plantaciones.

La Justicia de Nueva Zelanda condenó a la compañía Tairawhiti Pharmaceuticals y a su dueño, Mark Kerr, por dañar alrededor de 30 hectáreas de humedales en la región de Gisborne, al sudeste de Auckland. La firma había plantado 200.000 árboles de manuka y excavado canales para drenar el agua del terreno, afectando gravemente el ecosistema protegido.
El caso se remonta a 2020, cuando la empresa aró y rastrilló varios lotes del humedal Te Whare, cerca de Te Araroa, pese al aislamiento por la pandemia. Kerr ordenó desmontar 3,1 hectáreas dentro del área protegida, lo que provocó la destrucción de entre 1,5 y 1,9 hectáreas de humedal.
La plantación masiva de manuka —arbusto nativo utilizado para producir miel y derivados medicinales— alteró el equilibrio ecológico del lugar. Especialistas alertaron sobre la desaparición de especies como el matuku (avetoro australiano), el crake neozelandés y peces como el kkopu gigante.
La empresa utilizó además 5.000 litros diarios de agua durante 51 días para regar los árboles jóvenes, agravando el impacto ambiental.
En julio de 2021, el juez Brian Dwyer condenó a Kerr y a la compañía a pagar una multa mínima de 28.000 dólares neozelandeses (unos 16.000 dólares estadounidenses). También ordenó retirar los 200.000 árboles plantados, cercar el perímetro y rellenar los canales para permitir la recuperación del humedal.