
Axel Castro reconoció su culpabilidad por el ataque a la docente Luisina Vega y fue condenado a diez años de prisión en un juicio abreviado homologado por la jueza Patricia Olmi.

Este lunes se realizó la audiencia de juicio abreviado en la que Axel Castro admitió su responsabilidad en el intento de asesinato de la docente Luisina Vega. Tras el reconocimiento de culpabilidad, las partes acordaron una pena de diez años de prisión, acuerdo que fue homologado por la jueza Patricia Olmi. “No quise ir a matar. No soy ningún asesino”, expresó Castro durante la audiencia.
El proceso debía concretarse el viernes pasado, pero fue postergado debido a la renuncia de los abogados Fernando Navarro y José Guzmán, decisión que se produjo en medio de fuertes críticas de la víctima. “Los abogados nunca se interesaron por mi situación”, había señalado Vega.
El hecho ocurrió el 26 de noviembre de 2025 sobre la avenida Bonifacio Cobacho, entre Juana de Ibarbourou y Ramón Ahumada. Castro abordó a la docente por la espalda para sustraerle la cartera y el teléfono celular, y le aplicó múltiples puñaladas que le provocaron lesiones de extrema gravedad y pusieron su vida en riesgo.
La causa fue calificada como “homicidio criminis causa en grado de tentativa, en calidad de autor”, delito cuya escala penal prevé penas de entre 10 y 20 años de prisión. Con la admisión de la autoría y la conformidad de la víctima, la pena se fijó en el mínimo legal previsto para esa figura.
La Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita intimó a Manuel Adorni a justificar en 15 días el origen y la evolución de su patrimonio y el de su grupo familiar. El requerimiento, presentado ante el juez Ariel Lijo, se basa en un dictamen de 207 fojas que detectó inconsistencias y gastos presuntamente desproporcionados.

Cada vez más complicado, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá justificar en un plazo de 15 días el origen y la evolución de parte de su patrimonio y el de su grupo familiar, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La intimación fue presentada este lunes por la Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo y forma parte de un dictamen de 207 fojas.
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien atribuyó a Adorni la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito por gastos que serían “prima facie desproporcionados” respecto de sus ingresos como funcionario público. La denuncia fue luego ampliada por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
Tras analizar documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de informes sobre activos virtuales y testimonios, la Fiscalía concluyó que existían inconsistencias que justificaban el requerimiento. El dictamen estructuró una intimación en 20 puntos que Adorni deberá responder.
Desfasaje entre ingresos y gastos
Uno de los datos centrales es la diferencia entre los ingresos comprobados del matrimonio y los gastos realizados durante el período investigado. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, Adorni percibió 35 haberes, a los que se sumaron los ingresos de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. En total, el grupo familiar registró ingresos por $229.752.283,20.
Sin embargo, durante ese mismo período afrontaron gastos por $272.820.832,20 en seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito. La diferencia detectada es de $43.068.549, que “no encuentra hasta el momento explicación suficiente”, según la Fiscalía.
A esto se suman desembolsos por USD 402.578,12 destinados a viajes, alquileres, la compra y refacción del lote 380 del Country Indio Cuá, la adquisición del departamento de Miró 550 y el mobiliario de ambos inmuebles.
La Fiscalía también puso bajo análisis las declaraciones de dólares en efectivo, operaciones bajo el concepto “venta de activos” y el origen de las divisas utilizadas para gastos en el exterior.
Qué deberá explicar Adorni
La intimación fiscal detalla 20 puntos que el exfuncionario deberá justificar, entre ellos:
Origen de dólares en efectivo declarados y trazabilidad de operaciones de venta de activos.
Préstamos familiares cuya existencia y entrega deberán acreditarse.
Compra de un Jeep y origen de los fondos utilizados.
Compra del lote 380 del Country Indio Cuá y motivo por el cual figura a nombre de su esposa.
Refacción por USD 245.000 en esa vivienda, con detalle del origen de cada pago.
Amoblamiento y compra del departamento de Miró 550, abonados en dólares y en efectivo.
Ingresos exentos, herencias y donaciones que habrían sido utilizados para justificar incrementos patrimoniales.
Dinero en efectivo para gastos cotidianos, viajes y alquileres.
Pagos realizados por terceros y reintegros en efectivo.
Operatoria con criptomonedas, incluyendo cuentas no exteriorizadas en declaraciones juradas.
Movimientos bancarios y financieros que no se condicen con los ingresos declarados.
Comprobantes y facturas por más de $8 millones cuyos pagos no pudieron ser conciliados.
Deudas con Banco Galicia omitidas en declaraciones posteriores.
Honorarios notariales facturados íntegramente a su esposa.
Qué detectó la Fiscalía
El dictamen también menciona inconsistencias en préstamos familiares, omisiones en declaraciones patrimoniales, gastos que aumentaron un 119% en 2024, operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, consumos con tarjetas, viajes, operaciones de cambio y movimientos en plataformas de activos virtuales.
La intimación se encuadra en el artículo 268 inciso 2 del Código Penal y abarca el incremento patrimonial registrado por Adorni y su esposa durante su paso por la administración pública nacional.
Ahora, Adorni tiene 15 días para presentar documentación y explicar cada uno de los puntos señalados por la Fiscalía.
Tres mujeres colombianas y el piloto murieron al estrellarse un helicóptero turístico en una zona boscosa de Alto da Boa Vista, en Río de Janeiro. El vuelo formaba parte de los festejos por un cumpleaños de 15.

Tres mujeres de una misma familia de origen colombiano murieron este sábado cuando el helicóptero turístico en el que realizaban un paseo se estrelló en una zona boscosa del sector Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista, Río de Janeiro. El siniestro también provocó la muerte del piloto de la aeronave.
Las víctimas fueron identificadas como Rocío Cubillos (59), su hija Wendy Manrique (37) y su nieta Sofía Murillo (17), además del comandante Alessandro Rocha. El grupo familiar había llegado a Brasil el lunes para disfrutar unos días de descanso y celebrar un cumpleaños de 15.
El vuelo que terminó en tragedia
El paseo aéreo formaba parte de las actividades de agasajo para la adolescente. Originalmente, seis integrantes de la familia iban a realizar el recorrido, pero la cumpleañera se quedó en tierra junto a sus padres para abordar una segunda aeronave que despegaría minutos después. Ese vuelo nunca llegó a realizarse.
Mientras aguardaban en el hangar, escucharon versiones sobre un supuesto “aterrizaje forzoso”, sin conocer aún la magnitud del hecho.
El impacto ocurrió cerca de las 11:10. Bomberos recibieron la alerta y localizaron los restos del helicóptero —un Robinson R44— sobre una ladera cubierta de vegetación. La aeronave explotó tras el choque y generó un incendio forestal. Un operativo de 40 efectivos, 11 vehículos y cuatro unidades operativas debió desplegarse para acceder a la zona y combatir las llamas.
Investigación en curso
Las autoridades de aviación e investigación de Brasil trabajan en el lugar para determinar las causas del accidente, que conmocionó a la comunidad local y dejó devastada a la familia colombiana.